El proyecto de Ley de Educación Superior finalmente fue aprobado este miércoles por la Asamblea Nacional de Ecuador, tras varios intentos del oficialismo propiciados desde mediados del mes pasado por lograr el consenso legislativo necesario.
La nueva ley universitaria fue aprobada con la votación mínima requerida, esto es 63 votos provenientes del oficialista Alianza País y una decena de asambleístas independientes y de otros sectores políticos.
La discusión que ha generado esta ley en el país, sin embargo, no concluye con la decisión de la Asamblea, pues ahora el texto legal deberá pasar a manos del presidente Rafael Correa, quien tiene 30 días para sancionarlo o vetarlo.
El texto aprobado, que contiene 211 artículos, incluye al menos 47 observaciones presentadas por los rectores universitarios, quienes han insistido en la defensa de la llamada autonomía universitaria y el rechazo a un control del sistema de educación superior por parte del Poder Ejecutivo.
Así, la Asamblea determinó que un Consejo de Educación Superior será la entidad reguladora del sistema y estará integrado por cuatro representantes del Ejecutivo y siete académicos que provendrán de las universidades.
Lo sustantivo acá no necesariamente es la ley, sino la fortaleza que los universitarios presentemos al interior de nuestras instituciones para cambiar el destino de la universidad ecuatoriana, pues solamente un ciego puede decir que la universidad en Ecuador está bien y que no debe cambiar
Edgar Samaniego, rector de la Universidad Central del Ecuador
De esta forma se desestima la propuesta inicial del oficialismo de que la entidad rectora del sistema sea una Secretaría de Educación Superior dependiente del jefe de Estado. Esta Secretaría tendrá más bien una función de coordinación entre las políticas gubernamentales y las universidades.
Junto con ello se establece un Consejo de Evaluación y Acreditación conformado por seis académicos escogidos de manera igualitaria de entre candidatos nominados tanto por las universidades como por el Ejecutivo. El presidente de esta entidad será designado de entre los académicos propuestos por el jefe de Estado.
